Durango vive momentos de consternación tras la trágica muerte de un bebé de apenas 8 meses, presuntamente víctima de violencia física. Este caso, que ha conmocionado a la opinión pública, plantea cuestionamientos urgentes sobre la protección de menores en situaciones vulnerables y la responsabilidad de las instituciones encargadas de prevenir estos hechos.
Un caso que estremece
El pasado 31 de diciembre, el menor, identificado por sus iniciales J.Q.R., ingresó a la Clínica No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango en estado crítico. Según los informes médicos, presentaba múltiples golpes en su pequeño cuerpo, lesiones que no correspondían a un accidente doméstico. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el bebé falleció la noche del 2 de enero.
Las primeras investigaciones señalan como principales sospechosos a la madre del menor, Yazmín “N”, de 18 años, y a su pareja, José Antonio “N”, de 22 años, quienes ya se encuentran detenidos. Ambos residen en la colonia 12 de Diciembre, en Durango capital.
Una dolorosa cronología
La madre argumentó que los hechos ocurrieron mientras el bebé estaba bajo el cuidado de su padrastro. Sin embargo, las inconsistencias en las declaraciones y las evidencias preliminares llevaron a la detención de ambos adultos.
El impacto de la violencia familiar
Según datos del INEGI, en 2023 se reportaron más de 25 mil casos de violencia contra menores en México, siendo la violencia intrafamiliar una de las principales causas. Durango, como otras entidades, enfrenta un desafío significativo en la protección de la infancia, con sistemas de alerta que en muchos casos fallan en su implementación.
Especialistas en derechos de la infancia han señalado que este tipo de tragedias no solo reflejan la violencia explícita, sino también la violencia estructural derivada de la pobreza, la falta de acceso a educación y el abandono institucional.
Organizaciones como Save the Children han enfatizado la necesidad de fortalecer las redes de protección infantil, incluyendo la capacitación de personal médico para identificar señales tempranas de maltrato y la implementación de políticas públicas más efectivas.
Mientras las investigaciones continúan, este caso obliga a una reflexión colectiva: ¿cómo evitar que los menores crezcan en entornos de violencia? ¿Qué falló para que este bebé, como tantos otros, no recibiera la ayuda que necesitaba a tiempo?
Reacciones y demandas de justicia
La ciudadanía ha expresado indignación en redes sociales, exigiendo que este caso no quede impune. La Fiscalía General del Estado de Durango ha asegurado que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades.
Este doloroso caso no solo pone en evidencia la urgencia de actuar contra la violencia familiar, sino también la necesidad de reconstruir un sistema que realmente proteja a los más vulnerables: los niños y niñas de México.
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