La reciente detención de Kim Yong-hyun, exministro de Defensa de Corea del Sur, ha profundizado la crisis política en el país, desencadenada por la controvertida declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Kim, considerado una figura clave en esta decisión, fue arrestado bajo sospechas de traición y sedición, según confirmó la Fiscalía surcoreana.
El presidente Yoon Suk Yeol, debilitado políticamente y con un índice de aprobación del 17%, justificó la medida como necesaria para preservar el “orden constitucional” frente a supuestas actividades antiestatales de la oposición. Sin embargo, esta decisión, sin precedentes desde la democratización del país en 1987, fue revocada rápidamente por la Asamblea Nacional, controlada por el opositor Partido Democrático (PD), con 190 votos a favor, tras una ola de críticas nacionales e internacionales.
La ley marcial incluyó restricciones severas, como la suspensión de actividades parlamentarias y el control de los medios de comunicación, medidas que desataron protestas masivas en Seúl. Además, se especula que Kim Yong-hyun, en comunicación directa con el presidente, jugó un papel crucial al liderar las discusiones con el Estado Mayor Conjunto para implementar el estado de excepción.
Este episodio ha generado llamados a la renuncia del presidente Yoon, incluso desde el liderazgo de su propio partido, y ha sido calificado como una de las mayores crisis políticas en la historia reciente del país. Con miles de ciudadanos en las calles exigiendo cambios y una investigación en curso, Corea del Sur enfrenta un escenario de incertidumbre y polarización política.
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