En un movimiento que marca un cambio significativo en la política de seguridad, la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, emitió recientemente una directiva inusual dirigida a los fiscales federales. La orden implica un drástico replanteamiento de la estrategia del Departamento de Justicia en su enfoque hacia los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales transnacionales, lo que podría tener repercusiones profundas en la lucha contra el crimen organizado a nivel nacional e internacional.
El memorándum dirigido a los fiscales auxiliares y federales también cuestiona la estrategia anterior, conocida como “abordaje de variabilidad e impacto reducido” y ordena que se abandone por un enfoque más agresivo basado en la “reducción total” de los productores, el tráfico, y las organizaciones criminales en general, incluso aquellas con operaciones exclusivas a nivel local que no son necesariamente transnacionales.
Como parte de la nueva instrucción, se detiene la necesidad previa de autorización requerida anteriormente para completar una impugnación relacionada con el delito mayor, el terrorismo, y la vulneración de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional contra cárteles y organizaciones criminales transnacionales.
La instrucción también disuelve una iniciativa previa destinada a atacar la cleptocracia y reorienta los recursos para perseguir directamente a los productores. Este enfoque refleja una nueva prioridad para la administración actual que busca atacar con más fuerza las fuentes de producción y distribución de drogas.
En este sentido, las entidades más importantes como los productores y otros centros criminales, incluidos los cárteles, serán declarados entidades sancionadas bajo el régimen de sanciones por terrorismo de la OFAC.
Esto permitirá impugnaciones más contundentes y dirigidas a los principales líderes de estas organizaciones, con la esperanza de debilitar más eficientemente y desmantelar sus operaciones.
El objetivo final de todas estas medidas es fortalecer la capacidad del Departamento de Justicia para combatir el crimen organizado mediante el desmantelamiento de las redes de producción y tráfico de drogas y la captura y encarcelamiento de los líderes clave de estos sindicatos. E
s un cambio importante en la política de seguridad y uno que posiblemente tiene el potencial de durar.
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