Gobierno Federal crea la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos
- Redacción
- 20 ene
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En un esfuerzo por seguir fortaleciendo los derechos, el desarrollo integral y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, el pasado 17 de enero la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, emitió un decreto por el que se crea la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación destaca la creación de Planes de Justicia de los Pueblos Originarios para garantizar el bienestar y el ejercicio efectivo de sus derechos.
El modelo de los Planes de Justicia y Desarrollo Regional (PJDR), establece el reconocimiento del Gobierno Federal sobre las injusticias cometidas a los a los pueblos originarios, por lo que se ha acordado atender los reclamos ancestrales sobre sus tierras, territorios, agua y desarrollo integral, iniciando así la implementación de 17 Planes con la participación de 23 pueblos indígenas en 12 entidades de la República Mexicana.
Dicho enfoque se caracteriza por una colaboración horizontal entre las comunidades y los tres órdenes de gobierno, identificando obras específicas tendientes a mejorar la calidad de vida de las mismas.
La mandataria del Ejecutivo Federal destacó que este esfuerzo busca reparar las injusticias históricas cometidas en contra de estas comunidades (pueblos indígenas y afrodescendientes) y establecer un modelo sustentado en el respeto, la justicia social y ambiental.
La iniciativa tiene sustento en el artículo 2º de la Constitución, el cual reconoce a dichos sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, se encuentra respaldado en tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre derechos a dichos, los cuales estipulan la importancia de su participación directa en las decisiones sobre sus territorios y recursos existentes.
Especialistas en derechos internacionales y políticas públicas han mencionado que la efectividad de la acción dependerá de una apropiada asignación de recursos, la activa participación de las comunidades en el diseño de los planes y la transparencia de la ejecución de los mismos.
El decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2030. Así mismo, la instalación de la se realizará a los 30 días siguientes a la entrada en vigor de esta medida.
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