La violencia en Tuxpan, Michoacán, ha expuesto una vez más las profundas deficiencias del sistema de justicia en México. El asesinato de Alejandro Ruiz, un albañil de 34 años, tras denunciar amenazas de policías municipales y de la síndico morenista Alma Delia Sánchez, es un recordatorio alarmante de cómo la impunidad y la corrupción ponen en riesgo la vida de quienes alzan la voz contra los abusos de poder.
El 20 de diciembre, Alejandro denunció públicamente haber recibido amenazas después de un altercado con autoridades locales. Según testimonios recabados, Alejandro no solo señaló a los policías municipales, sino también a la síndico, por presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad. Pese a las advertencias y su solicitud de protección, las autoridades ignoraron el caso, dejándolo vulnerable.
Días después, el 29 de diciembre, Alejandro fue secuestrado en su domicilio por un grupo de hombres armados. Fue brutalmente golpeado y perdió la vida a causa de las lesiones, dejando huérfano a un hijo de tan solo 4 años.
Una denuncia ignorada, consecuencias irreparables
Raúl Ocelotl, activista y fundador de la organización “El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz”, señaló que Alejandro había acudido al Ministerio Público de Tuxpan para pedir protección, tras recibir amenazas de muerte y sufrir el robo de su camioneta presuntamente a manos de policías municipales. Sin embargo, las advertencias fueron desestimadas.
“El señor solo buscaba justicia y recuperar su camioneta. Hoy está muerto por la negligencia y complicidad de las autoridades”, declaró Ocelotl en un video que circula en redes sociales. Además, denunció que él mismo ha sido amenazado tras hacer público este caso.
Corrupción y violencia: un patrón recurrente
Michoacán enfrenta una crisis estructural donde la corrupción, la violencia y la impunidad han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones. Tuxpan, en particular, ha sido señalado por múltiples abusos de la policía municipal, incluyendo extorsiones y violaciones a los derechos humanos. Este entorno de descomposición institucional deja a los ciudadanos indefensos frente a un sistema que parece operar al margen de la justicia.
Especialistas en derechos humanos subrayan que la omisión de las autoridades constituye una violación grave a los principios de protección establecidos en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Demandas de justicia y acciones urgentes
Organizaciones civiles y activistas han exigido una investigación exhaustiva, imparcial y transparente que no solo esclarezca el asesinato de Alejandro, sino que también sancione a los responsables, incluyendo a las autoridades que ignoraron las denuncias. Asimismo, se ha solicitado la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales para garantizar justicia en este caso.
Raúl Ocelotl expresó: “No podemos permitir que exigir justicia sea una sentencia de muerte en este país. Este caso debe marcar un antes y un después en la lucha contra la impunidad”.
Reflexión y llamado a la acción
La muerte de Alejandro Ruiz no puede ser simplemente una estadística más en los índices de violencia. Este caso es un recordatorio doloroso de que México necesita reformas profundas en el sistema de justicia y en los mecanismos de protección para denunciantes y víctimas.
El legado de Alejandro debe trascender como un símbolo de resistencia frente a la corrupción y el abuso de poder. Es responsabilidad de la sociedad y del Estado garantizar que hechos como este no se repitan, exigiendo rendición de cuentas y fortaleciendo las instituciones que deben proteger a sus ciudadanos.
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