El asesinato del albañil Alejandro Ruiz Mancera, ocurrido el 30 de diciembre de 2024, ha generado indignación en la ciudadanía de Tuxpan, Michoacán, luego de que el presidente municipal, David López Flores, emitiera un comunicado atribuyendo los hechos a una riña vecinal.
Esta postura ha sido percibida como un intento de minimizar un presunto caso de abuso de poder e impunidad por parte de elementos de la policía municipal y la síndica Alma Delia Sánchez Plaza, quienes continúan desempeñando sus funciones sin sanciones aparentes.
En su comunicado oficial del 2 de enero de 2025, López Flores expresó "solidaridad" con los familiares de Ruiz Mancera, pero sostuvo que el suceso derivó de un conflicto entre dos familias en la colonia Mariel, un enfrentamiento que, según el gobierno municipal, ya contaba con antecedentes penales. "Ante la gravedad y urgencia del problema, se actuó de manera inmediata, convocando a todos los elementos de seguridad pública disponibles, incluidos un grupo de policías municipales que se encontraba participando en una actividad deportiva", detalló el alcalde.
La intervención incluyó a la síndica Sánchez Plaza, quien, de acuerdo con los familiares de la víctima y el activista Raúl Ocelotl, presuntamente orquestó una golpiza contra Ruiz Mancera, lo que habría derivado en su muerte. Sin embargo, el gobierno local insiste en que su personal actuó "con apego a su responsabilidad como servidores públicos".
Investigaciones en curso, pero sin garantías de justicia
A pesar de las declaraciones de López Flores asegurando que "este gobierno no encubrirá a nadie", la síndica y los policías involucrados permanecen en sus cargos. Esto ha generado críticas de la ciudadanía y de organizaciones de derechos humanos, que acusan al ayuntamiento de proteger a sus funcionarios en lugar de buscar justicia.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ha abierto una carpeta de investigación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una queja por omisión en la supervisión y posible encubrimiento del caso. No obstante, especialistas en justicia penal han señalado que la falta de suspensión de los implicados genera dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Impunidad y abuso de poder: un patrón recurrente
El caso de Alejandro Ruiz Mancera no es un hecho aislado en Tuxpan. Diversos analistas han señalado que la narrativa oficial del gobierno, al atribuir los hechos a una "riña vecinal", se alinea con un patrón común en México: eludir la responsabilidad institucional y desviar la atención hacia conflictos comunitarios. Según la teoría del sociólogo Guillermo O’Donnell sobre "Estados débiles", esta estrategia perpetúa la desconfianza ciudadana en las autoridades y refuerza las dinámicas de impunidad.
Además, organizaciones civiles han subrayado que el uso político de los casos de violencia —denunciado por el propio alcalde en su comunicado— refleja una falta de sensibilidad que victimiza doblemente a las familias afectadas.
¿Dónde queda la justicia para Alejandro Ruiz?
A pesar de las promesas del alcalde de colaborar con las investigaciones, los familiares de la víctima exigen acciones concretas. "No queremos comunicados; queremos justicia. Mi hermano murió en manos de quienes debían protegerlo", declaró Laura Ruiz, hermana de Alejandro.
La permanencia en funciones de los presuntos responsables, incluida la síndica Sánchez Plaza, ha sido duramente criticada. La comunidad exige su suspensión inmediata para garantizar una investigación imparcial. Asimismo, organizaciones de derechos humanos han pedido la intervención de organismos nacionales para supervisar el caso y evitar su manipulación.
En un país donde el abuso de poder y la impunidad son moneda corriente, el asesinato de Alejandro Ruiz Mancera representa un llamado urgente a las autoridades de Tuxpan para demostrar que la justicia puede prevalecer, incluso cuando los implicados forman parte del propio aparato gubernamental.
Video: TikTok @dirigentesdemichoacan
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