Columna de opinión | Redacción
México, mi querido México... ese país donde la justicia tiene un ritmo propio, tan único que parece sacado de un mal sueño. Si eres víctima de feminicidio o desaparición, tranquila, no hay prisa, al fin y al cabo, “lo que no se ve, no se arregla”. El tiempo judicial avanza a la velocidad de un reloj que se detiene a mitad del día. Ha pero bien chingón, si hay un escándalo mediático, entonces el reloj se pone a correr como si estuviera en un maratón, sin pensar en lo que realmente importa, solo en lo que capta la atención de los reflectores, lo mediático. Es como si el sistema solo reaccionara cuando lo tocan en sus intereses, mientras deja que las tragedias cotidianas sigan sumando polvo en los estantes. Lo que realmente importa, las vidas en juego, se queda en el limbo, mientras los casos innecesarios avanzan en un suspiro. Como diría cualquier mexicano con experiencia: “El muerto al pozo y el vivo al gozo”. Aquí, parece que lo único que mueve a las autoridades es lo que se puede ver en las cámaras. ¡Qué a toda madre!
Ahora, hablemos de otro ejemplo que refleja claramente la impunidad del sistema judicial mexicano: el caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública bajo el gobierno de Felipe Calderón. ¿Quién no conoce a García Luna? Ese hombre que, mientras dirigía una de las carteras más sensibles en el gobierno mexicano, era simultáneamente señalado por sus vínculos con el narcotráfico, en especial con el Cártel de Sinaloa. Tras años de denuncias e investigaciones que apuntaban a su complicidad, García Luna fue arrestado en 2019 en Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcotráfico y conspiración. Pero lo realmente indignante es la rapidez con la que las autoridades decidieron actuar en su caso una vez que los ecos internacionales comenzaron a resonar. ¿Por qué no se actuó antes, cuando ya había pruebas suficientes de su involucramiento con el crimen organizado? ¿Por qué tanto retraso en un caso que podría haber evitado la muerte de miles de mexicanos?
Mientras tanto, las mujeres asesinadas, desaparecidas, y víctimas de violencia digital en México siguen esperando justicia. Recordemos el caso de Ingrid Escamilla, asesinada brutalmente en 2020. La rapidez para atender ese caso fue lenta, tan lenta como la respuesta ante feminicidios masivos como los de Ciudad Juárez o el de Lesvy Berlín Osorio, quien fue asesinada en 2017, pero cuya familia tuvo que esperar años para que el caso fuera finalmente reconocido como un feminicidio y no un suicidio. Y ¿qué pasa con la violencia digital, que también está afectando a miles de mujeres? La impunidad es la misma, la justicia no llega, aunque el país tenga leyes como la Ley Olimpia para combatir el acoso y la distribución de contenido íntimo sin consentimiento. Y las víctimas, muchas veces, quedan atrapadas en un laberinto burocrático mientras los agresores, como Diego N., que fue acusado de manipular fotos con inteligencia artificial y distribuir contenido sexual no consensuado, son absueltos por falta de pruebas claras, o su caso se diluye en los pasillos de la justicia mexicana.
¿Y por qué todo esto? La respuesta parece simple, pero es dolorosa: el sistema judicial mexicano funciona con dos tipos de justicia. Una que se aplica rápidamente a los casos que pueden causar escándalos mediáticos o tienen implicaciones políticas y otra que se diluye lentamente cuando se trata de las mujeres. ¿Y qué pasa con los miles de casos de feminicidio, desapariciones o violencia digital? Bueno, parece que, en el caso de las mujeres, se aplica el viejo refrán mexicano: "A lo que te dejen, a lo que te aguantes". Y no importa cuántas leyes, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, o la Ley Olimpia, existan en el papel. La realidad es que los crímenes de violencia de género siguen siendo tratados con desdén y mediocridad por las autoridades.
Mientras las autoridades se mueven a la velocidad de la luz cuando hay un escándalo mediático de por medio, las mujeres siguen siendo asesinadas, desaparecidas y sometidas a la violencia de un sistema judicial que más bien parece un club exclusivo para ignorarles. Y cuando, milagrosamente, logran sobrevivir, se enfrentan a un proceso judicial que las revictimiza. Claro, porque en México, el sistema de justicia funciona como los semáforos: siempre en rojo cuando se trata de lo que realmente importa, pero en verde cuando hay algo que involucra intereses y titulares. ¿Y quién sabe? Tal vez la justicia, como muchos, solo corre cuando las víctimas son "fácilmente olvidables."
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