Este miércoles, madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014, tuvieron su primera reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. El encuentro marca un momento clave en la transición del caso Ayotzinapa a la nueva administración federal, con el objetivo de definir estrategias para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia.
El 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron en un evento clasificado como crimen de Estado. La violencia involucró a autoridades municipales, estatales y federales, así como a elementos del Ejército Mexicano y la Marina, quienes actuaron en colusión con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Este hecho provocó una crisis de derechos humanos que continúa resonando a nivel internacional.
A pesar de las investigaciones realizadas durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, los avances han sido limitados. El informe de la Comisión para la Verdad, publicado en 2022, señaló inconsistencias, omisiones y manipulación de pruebas, incluida la llamada "verdad histórica", lo que intensificó la desconfianza de las familias hacia las autoridades.
La reunión: un nuevo capítulo
En su primer acto como presidenta, Sheinbaum reiteró su compromiso con las víctimas y el esclarecimiento del caso, destacando la necesidad de colaborar con las organizaciones internacionales que han apoyado las investigaciones, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Las familias de los normalistas exigen respuestas concretas sobre el paradero de los estudiantes, la judicialización de los responsables y la apertura total de archivos del Ejército y otras dependencias.
Foto: Elizabeth Sauno (@ElizabethSauno)
La reunión es un punto de inflexión para la administración Sheinbaum, quien enfrenta el reto de rescatar un proceso judicial marcado por irregularidades y la falta de confianza en las instituciones. Desde una perspectiva sociopolítica, el caso Ayotzinapa simboliza las profundas fallas estructurales del sistema de justicia en México y su relación con las fuerzas de seguridad.
Expertos en derechos humanos consideran que los avances en el caso podrían sentar un precedente para otros casos de desapariciones forzadas en el país, un fenómeno que suma más de 110,000 personas desaparecidas según datos oficiales. Sin embargo, lograrlo requiere voluntad política, recursos suficientes y garantizar la autonomía de las investigaciones.
El caso Ayotzinapa no solo es un emblema de impunidad, sino también una prueba para la capacidad del Estado mexicano de garantizar justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad histórica de marcar la diferencia en la lucha por la verdad y la justicia, pero el tiempo y los resultados serán los jueces definitivos de su compromiso.
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